En 1919, los ancianos o desvalidos no recibían ayuda alguna del Estado. Por eso constituyó una positiva novedad el proyecto que el doctor Alberto Aybar Augier (1885-1950) presentó ese año a la Cámara de Diputados de Tucumán, de la que era presidente.
Proponía que "toda persona nativa del territorio de la provincia, que hubiere llegado a los 70 años o a cualquier edad en caso de invalidez absoluta e indigencia, tiene derecho a recibir del Estado una pensión mínima de 360 pesos al año, o su equivalente en asistencia directa o indirecta".
El fondo para estas pensiones se formaría con varios aportes. Estos eran: una sobretasa del 1 por mil a propietarios de inmuebles cuyo valor no sea inferior a 200.000 pesos; un impuesto "de previsión social" de 50 centavos por mes a los empleadores y patrones, por cada empleado u obrero que tuvieren; una sobretasa de medio centavo por litro de alcohol de buen gusto elaborado; otra de 25 centavos, sobre los barraqueros, por cada cuero vacuno; un impuesto a los naipes, de 12 centavos por mazo a los importados y 5 a los nacionales, y un impuesto sobre la cerveza, de 3 centavos hasta 58 centilitros y de 5 hasta un litro.
Los importes se depositarían en el Banco de la Provincia y la Junta de Montepío Civil se encargaría de administrarlos y dar las pensiones. La invalidez se probaba con certificado del médico de Policía, y la indigencia por información sumaria ante los Tribunales o el juez de Paz. LA GACETA destacaba el proyecto como "humanitario" y revelador del "espíritu moderno y justiciero" de su autor, quien meses después fue elegido senador nacional.